Los ayuntamientos de Barbate y Tarifa han mantenido hoy un nuevo encuentro en el Consistorio barbateño para continuar con el trabajo conjunto iniciado por ambas administraciones para optimizar los servicios que se prestan en las playas. El encuentro ha estado presidido por el delegado de Presidencia y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Barbate, Javier Rodríguez, y el concejal de Playas, Policía y Convivencia del Ayuntamiento de Tarifa, Francisco Araujo.

El edil tarifeño ha estado acompañado por el subinspector de la Policía Local de Tarifa, José Luis Cana, y el coordinador de Protección Civil de la misma localidad, Juan Atalaya. Por parte de Barbate, también han estado en la reunión los ediles de Playas, Sheyla Reyes, y Medio Ambiente, Enrique Álvarez, representantes de Policía Local, Protección Civil y de la empresa encargada de los servicios de socorrismo y salvamento en las playas barbateñas Socoservis.

La reunión ha tenido como objetivo establecer los términos del acuerdo entre administraciones que firmarán los dos ayuntamientos para mejorar los servicios prestados a la ciudadanía en materia de seguridad ciudadana, playas, salvamento, socorrismo y enfermería. Este acuerdo dotará de un marco legal a toda la dotación de servicios que se realiza en conjunto, como es el caso de la zona de Atlanterra.

El delegado de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Javier Rodríguez, ha destacado la importancia de este acuerdo con el Consistorio tarifeño “que redundará directamente en una mejor prestación y unos servicios más eficaces para la ciudadanía”. Rodríguez ha agradecido la buena disposición de los representantes de Tarifa para llegar a los términos recogidos en el próximo convenio.

La primera toma de contacto de este acuerdo tuvo lugar en la ELA Zahara de los Atunes a mediados del pasado mes de junio. Entonces, los responsables de las administraciones locales acordaron la creación de mesas con representación de las tres entidades para tratar de mejorar sus servicios públicos. Ahora, tras varias reuniones, las actuaciones quedarán recogidas en un documento.

La actuación acaba con la detención de los propietarios por presuntos delitos de atentado, desobediencia grave y amenazas a agentes de la autoridad

La Policía Local de Barbate, a través del Grupo de Acción Preventiva (GAP), ha procedido al cierre de un establecimiento hostelero en Caños de Meca, por incumplimiento de las medidas decretas por la Junta de Andalucía en materia sanitaria, para paliar los efectos de la COVID19. En plena madrugada, y durante dos días consecutivos, la policía tuvo que desalojar a más de 300 personas que se hallaban en el local, tanto dentro, como fuera en la terraza, según el informe policial.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, tras una inspección del GAP, donde se percataron que el establecimiento denominado Ohana, en la carretera del Faro de Trafalgar no cumplía con las medidas obligatorias. Según el informe policial, no tenía expuesto al público el aforo máximo, no disponía de procedimientos de recuento y control de aforo y se permitía el consumo de bebidas adquiridas en el local fuera de las zonas permitidas. 

Tras ser identificado el propietario, mostró, según la versión policial, una actitud desconsiderada, lanzando expresiones como “aquí nadie tiene cojones de cerrar el local” o “la policía no quiere que estéis de vacaciones”. Al instante, una segunda persona, que se identificó como copropietaria del local, también mostró la misma actitud, manifestando en tono de voz elevado: “de aquí no se va nadie, no tenéis ni idea de legislación”.

Al siguiente día, el GAP volvió a personarse en el lugar, comprobando que varios trabajadores no utilizaban mascarillas, que existía, según informe, una concentración de personas en la zona de barra sin respetar la distancia de seguridad interpersonal y que se permitía el consumo de bebidas adquiridas en el local fuera de las zonas autorizadas. En este último incumplimiento, destacar la concentración de numerosas personas consumiendo bebidas en las zonas situadas entre las mesas y agrupaciones de éstas, así como en las zonas destinadas al desplazamiento de personas para entrar y salir tanto de la terraza como de la zona interna del establecimiento.

Nuevamente se requirió la presencia de los propietarios, a los que se les informó del incumplimiento reiterado de las medidas preventivas de salud pública establecidas, por ello se procedía a iniciar, amén de las correspondientes denuncias, el cese inmediato de la actividad y su consecuente clausura del local. 

Lejos de tomar una actitud conciliadora, según los agentes, ambos propietarios comenzaron a lanzar improperios y referirse a la clientes con gritos como “de aquí no se va nadie”, al tiempo que intentaba expulsar al cuerpo de policía del mismo. Cuando los agentes se dispusieron a entrar en el interior del local, ambos se situaron en la puerta de acceso a la zona interior, tratando de cerrar una puerta de madera, consiguiendo los agentes impedirlo y acceder.

Finalmente, los agentes del GAP tardaron una hora y media en proceder al desalojo completo del establecimiento con más de 300 personas. Durante todo ese tiempo, los propietarios siguieron en su actitud, llegando en varias ocasiones a empujar a los agentes, interponiéndose entre estos y los clientes que aún quedaban en el local, gritando en todo momento que no se marcharan 

Alentados por los gritos de los dueños, unos veinticinco clientes una vez habían sido desalojados vuelven a entrar en el local, sentándose en cuatro mesas del interior y negándose a levantarse, por lo que son advertidos de las consecuencias legales de la negativa a desalojar el local ante los agentes de la autoridad. Tras la información de los agentes, proceden a salir del local.

Una vez desalojado el exterior, se puede comprobar como la barra sigue abierta y se estaban sirviendo copas a algunos de los trabajadores del mismo. Se comunica que se debe dejar de servir copas ya que el negocio estaba clausurado cautelarmente, a lo que se vuelve a negar el propietario, llegando a agarrarse a la persiana que cierra la barra manifestando: “esto no se cierra porque no me da la gana a mí”.

Una vez desalojado el local y la barra cerrada, se procede a la detención del propietario por los presuntos delitos de Atentado y Desobediencia Grave y de la propietaria por los presuntos delitos de Atentado, Desobediencia Grave y Amenazas a Agente de la Autoridad. Fueron trasladados a dependencias de Policía Local para la práctica de las primeras diligencias.

El Ayuntamiento de Barbate lamenta estos hechos acaecidos, al tiempo que quiere recordar a la ciudadanía en general la necesidad de cumplir con las medidas de higiene y sanitarias, para evitar una nueva expansión de la pandemia.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha remitido al subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, una solicitud en la que pide un incremento en la plantilla de la Guardia Civil y mayor presencia en Barbate. El fin de esta petición es lograr un refuerzo en la fuerzas de seguridad que se encuentran en la localidad, para un mayor control y una mejor eficacia en la aplicación de las medidas de prevención establecidas para evitar el contagio de COVID-19 en la población.

Esta petición no es nuevo, puesto que ya durante el estado de alarma desde el Ayuntamiento de Barbate se reiteró a la Subdelegación de Gobierno la necesidad de más agentes en la zona. Así, en el documento enviado se especifica que se vuelve a requerir mayor presencia de Guardia Civil en Barbate y sus 25 kilómetros de playas por “contextos a veces complejos, máxime dada la situación local y por tanto, que se agrava en materia de seguridad ciudadana”.

Actualmente, el término municipal cuenta con una patrulla diaria de la Guardia Civil y un máximo de tres de la Policía Local. Estos efectivos “son los que están realizando y cubriendo la mayoría de actuaciones y requerimientos, pero evidentemente es complicado cuando se le suma que hay que dar cobertura también a las playas, sancionando a quien incumple o infringe la normativa actual relacionada con la COVID-19”, argumenta la petición.

Por tanto, “queremos recalcar la importancia de dotar al puesto principal de Barbate mayor número de efectivos con el único fin de aunar esfuerzos y poder atender a todos los avisos, ya que la Policía Local se ha visto desbordada en muchas actuaciones y le ha sido imposible atender otras cuestiones de igual urgencia o importante, sobre todo en fines de semanas”.

“Agradeciendo una vez más el trabajo de profesionales que componen las fuerzas y cuerpos de seguridad, estimamos desde las diferentes mesas técnicas de seguridad y coordinación que velan por el cumplimiento de los diferentes planes de contingencia y medidas de normalización, que de forma urgente y necesaria amplíe el número de efectivos de la Guardia Civil en Barbate”, finaliza el alcalde en la petición.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, y el delegado de Pesca y Desarrollo Sostenible, Enrique Álvarez, han remitido una petición al jefe de la Zona Cádiz-Levante de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Luis Castaño, en relación al estado de suciedad y descuido que presenta el puerto de Barbate.

En el documento, las autoridades municipales exponen que “queremos ponerle de manifiesto las diversas quejas y reclamaciones ciudadanas y del propio sector pesquero y deportivo de la localidad, donde en su mayoría se data de la falta de limpieza y mantenimiento, lo que ocasiona una imagen que no se corresponde con la realidad”.

Es por ello, “que como bien conocemos su responsabilidad y diligencia en los asuntos que le compete, le solicitamos un esfuerzo más con Barbate”, detallan en la petición. La solicitud se completa con imágenes del estado actual tanto del puerto pesquero como del puerto deportivo, en las que se puede ver el estado actual que presentan las instalaciones.

Estas reclamaciones se vienen realizando desde hace años, pidiéndose reiteradamente desde la Administración local un refuerzo en los servicios de limpieza de las zonas portuarias, cuya competencia tiene la APPA. Además, el Ayuntamiento ha colaborado con las iniciativas de limpieza organizadas en los últimos años por los propios usuarios, así como campañas pidiendo mayor limpieza y responsabilidad.