Para acceder a las ayudas se pide a la Junta que no sea condición estar al corriente de la Seguridad Social para no crear un agravio entre municipios
El Ayuntamiento de Barbate ha elaborado un Plan de Contingencia de Playas de cara a la apertura de las mismas en las siguientes fases de desescaladas y para cuando se produzca el cese definitivo del estado de Alarma. El alcalde de Barbate, Miguel Molina defiende el plan que tiene “como único fin y objeto que se busca es llevar a cabo el mejor servicio público de la forma más eficiente y teniendo en cuenta todos los parámetros y medidas según recoge las órdenes ministeriales”. Entre las medidas solicitadas destaca el dotar de material de protección e informativo, mejorar las accesibilidad y no condicionar el estar al corriente de pagos con la Seguridad Social para acceder a las ayudas.
Ya en la reunión virtual realizada con el Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, se le hizo llegar la imposibilidad de dar cobertura legal, por parte de la Policía Local, a los más de 25 kilómetros de litoral. A pesar de disponer una Agrupación de Protección Civil que está realizando un gran servicio, los voluntarios no deben de exponerse en estas labores debido a que no tienen potestad sancionadora. Es por ello que se ha tomado la determinación de no limitar aforos ni entradas ni salidas, ya que podría suponer un problema de orden público. Sí se tendrá en cuenta el establecer un horario de apertura y cierre de playas. Al mismo tiempo, se estudia crear, bajo la tutela policial, la alguna figura de vigilante de playa.
Por otro lado, se solicitará nuevamente a la Junta de Andalucía, que ya ha anunciado el reparto de ayudas y subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para acondicionar las playas andaluzas, que tenga en cuenta la excepcionalidad del municipio Barbate. El no estar al corriente de pagos con la Seguridad Social hace que sea imposible acceder a las citadas ayudas, por lo que se creará un agravio entre poblaciones, afectando a la ciudadanía en general. Es por ello que se pide eximir de esta condición, articulándose un mecanismo legal, como la cesión directa, para no privar a nuestro municipio de las ayudas públicas anunciadas.
“Los establecimientos en dominio público marítimo terrestre están sufriendo y sufrirán una merma económica, debido a la situación actual. Una cuestión que se agrava aún más en la situación local, ya que estas concesiones administrativas o autorizaciones, son con las que el Consistorio podía sufragar los servicios públicos de playas (salvamento, socorrismo y enfermería)”, según Molina. Por estos motivos, se solicita una financiación pública directa para las administraciones locales, con el fin de hacer frente a los servicios públicos.
Estas ayudas públicas deberían repartirse conforme a las necesidades de cada localidad y conforme al espacio de playa. Asimismo se plantea la necesidad de más recursos humanos y materiales, que puedan ser contratados gracias a estas ayudas. En este sentido, también se realiza una petición en referencia a una posible creación de un Plan de Empleo específico para cubrir estos servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
En cuanto a las medidas higiénicas y de protección, se solicita la necesidad de adquisición de los medios necesarios y que no salga de las arcas municipales como se ha realizado hasta la fecha, para proteger al personal. De igual forma, se solicita paneles informativos y material publicitario para concienciar a la ciudadanía, con las nuevas medidas y al mismo tiempo un sistema renovado de mefagonía para todas las playas. La mejora en los accesos para personas mayores y personas con movilidad reducida deber ser otro de los aspectos a tener en cuenta, por eso se pide la ampliación de pasarelas.
Finalmente, ya que se pide que el próximo 25 de mayo tengan que estar las playas abiertas, se ha preguntado a la Junta de Andalucía cuándo se va a saber el inicio de montaje de los establecimientos en DPM-T y si existirá prórrogas o exenciones de cánones. Asimismo, se ha pedido que se amplíe el periodo de explotación de los establecimientos incluidos en el mismo plan.