El alcalde solicita la mediación del Defensor del Pueblo con el Ministerio de Hacienda

Miguel Molina ha remitido una carta a Ángel Gabilondo Pujol ante la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda para el reconocimiento de compensaciones por servidumbre militar

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha remitido una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, solicitando su mediación institucional para facilitar una reunión con el Ministerio de Hacienda que permita abordar la situación económica del municipio y el reconocimiento de su singularidad como el término municipal más afectado por servidumbres militares en España, con el consiguiente establecimiento de compensaciones económicas justas para los barbateños y barbateñas.

En el escrito, el regidor recuerda que Barbate soporta desde hace más de cuatro décadas las limitaciones derivadas del Campo de Adiestramiento de El Retín, que ocupa aproximadamente el 40 % de su término municipal, lo que ha condicionado gravemente su desarrollo socioeconómico sin que el municipio haya recibido compensaciones económicas acordes a dicha afección. El Ayuntamiento ha remitido desde comienzos de 2024 hasta diez solicitudes formales al Ministerio de Hacienda para mantener una reunión y presentar el Plan de Especial Singularidad, aprobado por el Pleno municipal y por la Diputación de Cádiz, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

La carta también pone de manifiesto los agravios comparativos existentes, al haberse incorporado a programas de compensación otros municipios con una afección militar notablemente inferior, mientras Barbate continúa excluido pese a ser el más perjudicado territorialmente. En este contexto, el alcalde subraya que, aunque el Ministerio de Defensa ha mostrado sensibilidad y ha reconocido la excepcionalidad de Barbate, resulta imprescindible la implicación del Ministerio de Hacienda para articular una compensación económica justa.

El alcalde de Barbate ha señalado que “no estamos pidiendo privilegios, sino justicia y equidad. Barbate ha contribuido durante más de 40 años a la Defensa Nacional soportando una carga territorial y económica enorme, y es de justicia que esa singularidad sea reconocida y compensada”. 

Miguel Molina ha añadido que “esta no es solo una cuestión económica, sino una cuestión de igualdad y de dignidad para un pueblo que ha visto limitado su desarrollo durante décadas”, confiando en que la mediación del Defensor del Pueblo permita desbloquear una situación clave para el futuro del municipio.